CONCEJO DE POPAYÁN CUESTIONA CONTRADICCIONES EN LOS USOS DEL SUELO DEL BOULEVARD ROSE Y EXIGE RESPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Las contradicciones entre las secretarías de Planeación y Gobierno, las demoras en los procesos de control y las quejas de los residentes por ruido, movilidad y convivencia marcaron el debate del Concejo Municipal de Popayán sobre el sector conocido como Boulevard Rose y los establecimientos ubicados entre las carreras 9.ª y 11 norte y las calles 11 y 15 norte. La sesión dejó una preocupación de fondo: la Administración debe explicar cómo está aplicando las normas de uso del suelo, qué seguimiento realiza a los establecimientos y por qué persisten dudas sobre la vigencia de algunas autorizaciones.
El presidente del Concejo, Daniel Leonardo Muñoz García, cuestionó las posibles inconsistencias en los procedimientos urbanísticos y solicitó poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación el caso de una licencia de construcción que, según lo expuesto durante la sesión, estaría respaldada por un concepto de viabilidad de uso del suelo expedido en 2015. La solicitud busca que el Ministerio Público examine si la actuación se ajustó a la normativa y determine si hay lugar a establecer responsabilidades. Muñoz pidió esclarecer qué verificaciones se hicieron y cuáles fueron los soportes que permitieron avanzar con el trámite. Se trata de interrogantes que deben resolverse con los expedientes y las normas aplicables, no con explicaciones generales.
Una de las situaciones más cuestionadas fue la diferencia entre la información entregada por las dependencias municipales. Planeación mencionó a Kukaramakara Popayán y Arena Rose como establecimientos con usos del suelo vigentes, mientras que Gobierno señaló a Cantina VIP y Arena Rose. La discrepancia exige una aclaración oficial: ¿cuáles establecimientos cuentan efectivamente con autorización vigente y bajo qué condiciones? El presidente también pidió explicar cómo se aplica el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) frente al número de establecimientos permitidos por costado de cuadra y qué medidas se contemplan en la actualización del ordenamiento para atender los conflictos entre la actividad comercial y las zonas residenciales.
Muñoz fue igualmente crítico frente al avance de los procesos en las inspecciones de convivencia y paz. Solicitó un informe detallado por inspección y funcionario, con el estado de cada expediente, las decisiones adoptadas y las razones por las que algunas medidas de cierre definitivo no se habrían materializado. Durante el debate se informó sobre 21 establecimientos intervenidos y 18 procesos verbales iniciados. El cuestionamiento es directo: si existen actuaciones y decisiones administrativas, la ciudadanía necesita conocer su cumplimiento, los obstáculos que persisten y los tiempos previstos para resolver cada caso. El control no puede quedarse en comparendos, expedientes o resoluciones sin seguimiento verificable.
Por su parte, el concejal José Luis Diago insistió en la importancia de proteger la salud pública y atender las preocupaciones de los habitantes del sector. Su intervención puso en primer plano a las comunidades que reclaman tranquilidad y respuestas frente a las afectaciones asociadas a la actividad comercial. Diago también confirmó que presentó una queja por la instalación de un circo en un predio municipal, después de reunirse con residentes. Su llamado fue a que las autoridades revisen las condiciones de funcionamiento, las autorizaciones y los riesgos reportados, sin ignorar las alertas de quienes viven en el entorno.
Las cifras presentadas por la Secretaría de Tránsito evidenciaron la presión sobre la zona: 396 órdenes de comparendo entre enero de 2026 y el 14 de octubre, con el 58 % concentrado en la carrera 9.ª. La Secretaría de Gobierno, a su vez, informó sobre cierres definitivos, procedimientos pendientes y establecimientos que habrían cesado voluntariamente sus actividades. Sin embargo, los residentes siguen exponiendo problemas de ruido, congestión y convivencia, mientras representantes del sector comercial manifiestan incertidumbre frente a las autorizaciones y las reglas aplicables. La respuesta institucional debe abordar ambas realidades con criterios claros, controles efectivos y decisiones consistentes.
El seguimiento solicitado por el presidente del Concejo, Daniel Muñoz, y las alertas planteadas por el concejal José Luis Diago ponen en el centro la obligación de la Administración Municipal de garantizar transparencia, proteger la salud pública y aplicar las normas de manera coherente. La actividad económica y el empleo son importantes para Popayán, pero no pueden estar por encima de la ley, los derechos de los residentes ni el interés general. El reto es convertir las actuaciones administrativas en respuestas efectivas y verificables para la ciudadanía.