CONCEJO DE POPAYÁN CUESTIONA LA CRISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA PERSONERÍA ANUNCIA SEGUIMIENTO A LAS RUTAS INCUMPLIDAS
El debate puso en evidencia preocupaciones por el envejecimiento de los buses, la reducción de rutas, las condiciones de operación y los retrasos tecnológicos del Sistema Estratégico de Transporte Público. El Ministerio Público solicitó información sobre la tecnología adquirida y pidió fortalecer los controles al servicio.
El estado del parque automotor, la disminución de vehículos en circulación, las rutas que han dejado de atender a diferentes sectores y las dificultades financieras de los pequeños transportadores centraron el debate de control político del Concejo Municipal de Popayán sobre el servicio público de transporte. Durante la sesión, los concejales advirtieron que las deficiencias del sistema afectan la calidad de vida de los ciudadanos y reclamaron respuestas concretas de la Administración Municipal y de las entidades responsables de su regulación y operación.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el envejecimiento de la flota y la necesidad de establecer un plan de choque que permita atender la problemática a corto, mediano y largo plazo. Los concejales alertaron sobre la disminución progresiva de la oferta, los riesgos asociados a la circulación de vehículos antiguos y la incertidumbre frente a la renovación del parque automotor. También expresaron preocupación por la situación que podría enfrentar la ciudad en 2029, cuando parte de los vehículos se acercaría al límite de su vida útil, e insistieron en que la modernización debe priorizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio.
La cobertura de las rutas fue otro de los puntos críticos. Durante el debate se señalaron dificultades en sectores como Aida Lucía, el complejo deportivo, Cajete, Julumito, Puelenje y la vereda de Torres. Los concejales cuestionaron que las comunidades rurales y los sectores con menor demanda queden expuestos a una oferta insuficiente, situación que puede llevar a los ciudadanos a recurrir al transporte informal. En este contexto, el personero municipal anunció que la Personería iniciará seguimiento a las rutas autorizadas que presuntamente no se están cumpliendo y solicitó que se trasladen los hallazgos correspondientes para determinar las medidas a que haya lugar.
El representante del Ministerio Público también puso bajo observación la implementación tecnológica del Sistema Estratégico de Transporte Público. Señaló que, desde hace varios meses, la Personería había solicitado información sobre la metodología para ingresar a las bodegas de Bogotá donde se encontrarían almacenados los equipos, sin recibir, según manifestó, una respuesta que le permitiera verificar su existencia y estado. Por ello, pidió al gerente de Movilidad Futura informar oportunamente cómo podrá realizarse esa inspección, de manera que el Ministerio Público pueda establecer qué tecnología está disponible y comunicar a la ciudadanía información verificable sobre su implementación.
Durante su intervención, el personero también cuestionó que se solicite a las empresas transportadoras información detallada sobre fases, trazados, horarios, frecuencias y cobertura de las rutas, cuando, a su juicio, la entidad encargada del sistema debería contar con capacidad técnica para desarrollar estos análisis. Como parte de su argumento, mencionó la contratación de personal y servicios en Movilidad Futura y planteó la necesidad de aprovechar esos recursos profesionales para agilizar los estudios y la planificación. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Tránsito un informe sobre operativos, inmovilizaciones y comparendos relacionados con vehículos que presuntamente prestan el servicio sin la debida autorización, incluidos los señalamientos sobre la operación en la vereda Santa Rosa y el sector del complejo deportivo.
Los concejales también reclamaron mayor control sobre el uso de los paraderos, la circulación del transporte intermunicipal y las condiciones de vinculación de los vehículos. Se plantearon inquietudes sobre automotores de 23 pasajeros que, según los señalamientos expuestos, estarían operando bajo capacidades autorizadas para vehículos de 19 sillas, así como sobre la conveniencia de instalar equipos tecnológicos en buses próximos a cumplir su vida útil. A esto se sumaron los retrasos ocasionados por la congestión y las obras viales, especialmente en el corredor hacia el norte de la ciudad. Los corporados insistieron en que la renovación de la flota debe acompañarse de medidas efectivas de regulación, control y mejoramiento de las condiciones de circulación.
Por su parte, el gerente de Movilidad Futura reconoció la necesidad de revisar el estado de los vehículos y explicó que se adelantan visitas a las empresas transportadoras para verificar las condiciones de la flota y las rutas. También señaló que se estudian mecanismos para evitar la expedición de tarjetas de operación a vehículos que hayan cumplido su vida útil y anunció gestiones ante el Ministerio de Transporte para abordar la actualización de los instrumentos de planificación del sistema. Frente a la financiación, insistió en la necesidad de avanzar con el Fondo de Estabilización Tarifaria. Al cierre de su intervención, la Personería solicitó que la información requerida por el Ministerio Público sea remitida en un plazo de cinco días, con el propósito de avanzar en la verificación de las condiciones de prestación del servicio.
El Concejo Municipal reiteró que Popayán necesita pasar de los diagnósticos y las discusiones recurrentes a compromisos verificables sobre cobertura, renovación vehicular, tecnología y control de la operación. A 16 años de la aprobación del proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público, la Corporación reclamó claridad sobre los plazos, la financiación y las responsabilidades institucionales. El objetivo del control político y del seguimiento del Ministerio Público es que las decisiones se traduzcan en un servicio seguro, oportuno y con cobertura suficiente para los habitantes de las zonas urbanas y rurales del municipio.