CONCEJO DE POPAYÁN PONE BAJO LA LUPA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: OBRAS PENDIENTES, CUESTIONAMIENTOS A CONTRATOS Y URGENCIA DE REFORMAR EL ACUERDO 015
Los concejales Marco Gaviria y Diana Imbachí convocaron la sesión ordinaria en la que se expusieron cuestionamientos sobre recursos represados, ejecución de obras comunitarias y presuntas irregularidades en la contratación del presupuesto participativo.
El presupuesto participativo de Popayán quedó en el centro del debate del Concejo Municipal por los retrasos en la ejecución de proyectos comunitarios, las dificultades que enfrentan las Juntas de Acción Comunal y los cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. Durante la sesión, promovida por la concejala Diana Imbachí, varios cabildantes coincidieron en la necesidad de revisar el Acuerdo Municipal 015, fortalecer los controles y establecer soluciones concretas para que las inversiones priorizadas por las comunidades se conviertan en obras terminadas y funcionales.
Una de las principales alertas se relacionó con los recursos pendientes de vigencias anteriores. La concejala Diana Imbachí señaló que existen más de $2.500 millones represados de vigencias entre 2017 y 2025, con proyectos que, según expuso, continúan afectados por dificultades de titularidad de predios, licencias, permisos ambientales y falta de articulación entre dependencias. Entre los casos mencionados estuvieron el Centro de Desarrollo Comunitario de Santa Clara, la PTAR de Tequendama y los salones comunales de Bellohorizonte y Portales del Norte. La cabildante pidió informes financieros y técnicos por proyecto, cronogramas actualizados y explicaciones sobre las obras suspendidas o que aún no registran avance físico.
Por su parte, el concejal Marco Gaviria llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la priorización de las iniciativas y evitar que las comunidades comprometan recursos en obras que no cuentan con condiciones jurídicas o técnicas para ejecutarse. También cuestionó intervenciones en los sectores Solidaridad y El Mirador. Según lo expuesto en plenaria, una obra en Solidaridad tendría una asignación de $130 millones y un avance que el concejal estimó entre 22 y 25 metros; en El Mirador, cuestionó las condiciones en las que habría quedado un salón comunal tras una inversión de $102 millones. Los señalamientos requieren revisión de los contratos, las cantidades de obra y las actas de recibo correspondientes.
La discusión también puso sobre la mesa la participación directa de las comunidades en la ejecución. El concejal Fernando López pidió actualizar el Acuerdo 015, incorporar a los ediles en la ruta de participación y establecer condiciones claras para las juntas que acumulan proyectos pendientes. A su vez, Luis Enrique Inchima advirtió que entregar espacios comunitarios sin condiciones adecuadas afecta las actividades de organización y encuentro de los barrios. También planteó que obras de impacto vial, como la rehabilitación del puente peatonal que comunica Las Salesianas con Portales del Norte, deberían evaluarse para una financiación distinta al presupuesto participativo, de acuerdo con su alcance y características.
El concejal José Alexander Campo solicitó aclaraciones sobre posibles contrataciones con ASOCOMUNAL por cerca de $995 millones, incluido un proyecto de rehabilitación de un puente en el sector de la terminal por $100 millones, según las cifras mencionadas durante el debate. Además, cuestionó las condiciones de una intervención en el comedor infantil de Pandiguando y recordó señalamientos que había formulado en 2024 sobre presuntas exigencias de coimas a dirigentes comunales. El concejal Alex Trujillo se sumó al llamado y solicitó a la Contraloría y a la Personería revisar la información contractual y verificar las denuncias que puedan presentarse. Estas afirmaciones corresponden a intervenciones de los concejales y no constituyen, por sí mismas, hechos probados.
Otro de los puntos críticos fue la situación administrativa de las Juntas de Acción Comunal, especialmente por conflictos entre directivas salientes y entrantes, impugnaciones y dificultades para formalizar documentación. Alex Trujillo advirtió que los cambios frecuentes de funcionarios en las secretarías de Gobierno e Infraestructura pueden afectar la continuidad de los procesos. En ese contexto, pidió que el debate no se convierta en una sesión más sin resultados y respaldó la propuesta de convocar en noviembre al alcalde de Popayán, a las secretarías de Hacienda, Infraestructura y Gobierno, a los organismos de control, a los ediles y a los presidentes de juntas, para escuchar sus situaciones y definir compromisos verificables.