CONCEJO DE POPAYÁN PONE LA FINANCIACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL CENTRO DEL DEBATE
El Concejo Municipal de Popayán socializó el proyecto de acuerdo para crear el Fondo Municipal de Protección y Bienestar Animal. La propuesta plantea una cuenta de destinación específica para administrar recursos de multas por maltrato animal, apropiaciones municipales, donaciones y rendimientos financieros.
La Administración presentó el fondo como una herramienta para dar continuidad a la política pública animalista y atender las dificultades del Centro de Bienestar Animal. La Secretaría de Salud explicó que hoy las multas ingresan a la cuenta general del Municipio y que el fondo permitiría hacer seguimiento separado al recaudo, la ejecución y los saldos. También indicó que los recursos podrían apoyar esterilizaciones, atención veterinaria, campañas de adopción y organizaciones de protección animal.
Pero los concejales insistieron en que crear la cuenta no garantiza que haya dinero suficiente para esas tareas. El punto más débil de la presentación, señalaron, fue la falta de una proyección financiera detallada: no se precisó cuánto espera recaudar el Municipio por multas ni con qué recursos propios completaría la financiación.
El concejal Julián Ausecha pidió revisar la sostenibilidad del fondo y el historial de aportes de posibles cooperantes. Cuestionó que la propuesta se apoye en un modelo general sin explicar cómo funcionaría en Popayán y advirtió: “Porque no se tiene en cuenta la estructuración financiera y la estabilización del fondo. Porque no es crear por crear.” También planteó que la siguiente discusión debe examinar las fuentes de financiación y las condiciones para que la iniciativa no se convierta en otro fondo sin capacidad de operación.
La Secretaría de Salud mencionó una cifra cercana a 60 millones de pesos para 2027, pero reconoció que las multas pueden ser altas y, aun así, difíciles de cobrar. La Secretaría de Hacienda explicó que buena parte de los infractores tendría poca o ninguna capacidad de pago y que la imposición de sanciones corresponde a otra dependencia. Se comprometió a presentar datos de recaudo de años anteriores. Con esa información pendiente, la cifra mencionada no despeja todavía cuánto dinero estaría efectivamente disponible ni cuándo llegaría al fondo.
El concejal José Luis Diago cuestionó la actuación de la Administración frente a la obligación de crear el fondo y pidió que se reconozca el origen judicial de la iniciativa. “La administración no escucha”, afirmó durante su intervención, al referirse a la gestión municipal en asuntos sociales. También pidió precisar las fuentes de financiación y el impacto presupuestal.
La discusión abordó además la responsabilidad de las dependencias: Hacienda administraría el recaudo y la gestión financiera, mientras Salud coordinaría técnicamente las acciones de protección animal. La Administración indicó que habría rendición anual de cuentas y publicación de información sobre el uso de los recursos. Para que esos compromisos permitan control ciudadano, el Concejo pidió conocer montos, metas y resultados, además de la estructura del fondo.
La creación del fondo responde a la Ley Ángel y, según se expuso en la sesión, a una orden judicial. El Concejo ejercerá su función de estudio y control para que la iniciativa no se limite a cumplir un requisito formal: deberá contar con financiación explicada, reglas claras de administración y mecanismos de seguimiento público. La protección animal exige decisiones responsables y resultados que puedan verificarse.