SEGURIDAD EN POPAYÁN BAJO CUESTIONAMIENTO: CONCEJALES EXIGEN RESULTADOS Y RESPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La seguridad ciudadana, las deficiencias tecnológicas para combatir la delincuencia y las afectaciones económicas derivadas de los cierres viales fueron algunos de los principales cuestionamientos planteados durante la sesión de control político a la Secretaría de Gobierno del municipio de Popayán. Los concejales hicieron un llamado a la Administración Municipal para que presente respuestas concretas, fortalezca las estrategias institucionales y demuestre resultados frente a las problemáticas que preocupan a la ciudadanía.
Uno de los puntos más críticos fue expuesto por el concejal Jhon James Ortiz, quien advirtió sobre la necesidad de evaluar la efectividad de las inversiones en seguridad, especialmente frente a delitos como la extorsión, el hurto y los hechos violentos que afectan a comerciantes, familias y habitantes de las zonas urbanas y rurales. El cabildante precisó que el control político no busca desconocer el trabajo de la Secretaría de Gobierno ni de la Fuerza Pública, sino identificar fallas y promover correctivos que permitan mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.
El estado de las cámaras de vigilancia también generó preocupación. Ortiz señaló que, según la información expuesta durante el debate, el 73 % de estas cámaras estaría fuera de servicio y cuestionó que, pese a los recursos anunciados para su mantenimiento, no se evidenciaran avances contractuales suficientes. Asimismo, solicitó claridad sobre la ejecución del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), la destinación de sus recursos y los resultados de las inversiones realizadas para prevenir y reducir los delitos.
Por su parte, el concejal Fernando López insistió en que la seguridad requiere una articulación permanente entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito y la Fuerza Pública. En ese sentido, pidió fortalecer los controles sobre motocicletas que circulan sin placa, conductores sin casco y vehículos con vidrios polarizados, al considerar que las acciones de prevención y vigilancia deben mantenerse de manera continua y coordinada.
Uno de los cuestionamientos más sensibles estuvo relacionado con los cierres viales alrededor de estaciones de Policía y sus consecuencias para la actividad comercial. López puso como ejemplo el sector del barrio Bolívar, el parque Mosquera y el centro comercial San Victorino, donde, según lo expuesto en la sesión, las restricciones de acceso estarían dificultando la movilidad de clientes y proveedores y afectando el sustento de comerciantes y cocineras tradicionales. El concejal solicitó a la Secretaría de Gobierno precisar si existen decretos o resoluciones que respalden estas medidas, cuál es su vigencia y qué alternativas se contemplan para garantizar tanto la seguridad como el funcionamiento del comercio.
El cabildante también recordó que, de acuerdo con lo manifestado durante su intervención, los comerciantes del sector presentaron un derecho de petición en 2024 sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Además, advirtió que las dificultades de acceso no se limitarían al barrio Bolívar, sino que también afectarían otros sectores, como los alrededores de las galerías de la María Occidente y Horizontes. Frente a este panorama, pidió revisar las medidas implementadas, socializarlas con las comunidades involucradas y establecer alternativas de movilidad que eviten trasladar el costo de las decisiones de seguridad a los pequeños negocios.
Finalmente, los concejales insistieron en que la política de seguridad municipal debe evaluarse a partir de resultados verificables, con indicadores, líneas base y metas claras que permitan medir la reducción de los delitos y la efectividad de los recursos invertidos. El debate dejó sobre la mesa la necesidad de respuestas institucionales concretas, mantenimiento oportuno de la infraestructura tecnológica, transparencia en la ejecución presupuestal y soluciones que concilien la protección de la ciudadanía con el derecho al trabajo y la movilidad. La expectativa es que los cuestionamientos planteados se traduzcan en compromisos verificables y acciones efectivas para Popayán.