CONCEJO DE POPAYÁN CUESTIONA MILLONARIA PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN EL RECAUDO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y PIDE REVISAR CONCESIÓN CON EMTEL Y QUIPUX
La distribución de los recursos provenientes de multas, infracciones y servicios de tránsito en Popayán quedó bajo cuestionamiento durante una sesión del Concejo Municipal, en la que se puso en discusión la conveniencia del modelo de concesión que involucra a la Secretaría de Tránsito, EMTEL y QUIPUX. El debate dejó interrogantes sobre los porcentajes que reciben los operadores privados, las condiciones originales de contratación y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la remuneración por sistemas tecnológicos de fotodetección.
El presidente del Concejo, Daniel Leonardo Muñoz García, puso el foco en el Acuerdo Municipal 014 de 2016, mediante el cual se otorgaron facultades para concesionar estos servicios, y en la posterior expedición de la Ley 1843 de 2017. El mandatario de la corporación advirtió que esta norma establece que la remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones no puede superar el 10 % del recaudo correspondiente a ese componente.
«La pregunta puntual es por qué la tercerización, que en este caso se está dando, está superando el 10 % que la ley deja como máximo», cuestionó Muñoz García. El presidente también solicitó a la Contraloría Municipal considerar una auditoría especial, al advertir que una eventual transferencia de recursos por encima de los límites legales podría generar una afectación al patrimonio público.
A los cuestionamientos se sumó el concejal Jhon Ortiz, quien señaló que las capacidades tecnológicas presentadas por EMTEL no resuelven las dudas sobre las condiciones económicas y jurídicas de la alianza con QUIPUX. «Un 60 % para privados y 40 % para el municipio de Popayán, que tanto requiere cuando se hace el cobro de la multa por fotodetección», manifestó. El cabildante anunció que solicitará el contrato suscrito entre el municipio y EMTEL, los acuerdos complementarios, los estudios previos, la justificación jurídica de la alianza, el modelo financiero y los criterios que determinaron la distribución de los ingresos.
Ortiz también pidió conocer si existen auditorías externas que respalden los indicadores tecnológicos reportados por la empresa y reclamó claridad sobre la duración de los acuerdos y sus posibles modificaciones. «Yo creo que esto está muy desbalanceado», expresó, al insistir en que Popayán necesita conocer cuánto dinero está recibiendo realmente el municipio y cuáles son las condiciones que comprometen sus ingresos a mediano y largo plazo.
La discusión tuvo una respuesta del contralor municipal, quien anunció que adelantará un estudio jurídico y técnico sobre la vigencia del acuerdo y las condiciones de distribución de los recursos entre EMTEL y QUIPUX. El organismo de control se comprometió a presentar posteriormente un informe ante el Concejo para establecer si existen elementos que puedan configurar una posible incidencia fiscal. A su vez, el personero municipal advirtió sobre presuntos incumplimientos en las condiciones de señalización de los sistemas de fotodetección, particularmente en el sector de Salesianas, y los posibles riesgos jurídicos y económicos que esto podría representar para el municipio.
El Concejo anunció que continuará la revisión en una sesión adicional, en la que se espera conocer la documentación contractual y financiera que permita esclarecer cómo se estructuró esta alianza, qué compromisos adquirió el municipio y si el esquema de remuneración se ajusta a la legislación. La discusión trasciende las bondades tecnológicas de la operación: se trata de establecer si las condiciones del negocio protegen los recursos públicos y responden al interés general de Popayán.