CONCEJO DE POPAYÁN ANALIZÓ LOS AVANCES Y RETOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS

El Concejo Municipal de Popayán recibió la socialización de la Política Pública de Víctimas, a cargo
del secretario de Gobierno (e), Felipe Acosta Ortega, quien presentó los avances en ejecución,
estrategias implementadas y resultados alcanzados durante el año 2025.
El programa, enmarcado en el eje “Por una Popayán que dignifica y promueve el goce efectivo de
los derechos de las víctimas”, busca garantizar atención integral, asistencia humanitaria y
participación activa de las más de 19 mil personas reconocidas como víctimas en el municipio,
muchas de ellas desplazadas por la violencia y aún en condiciones de vulnerabilidad.
Durante su intervención, Acosta destacó tres propósitos centrales: mejorar los servicios de atención
y orientación a las víctimas, ampliar la asistencia humanitaria y los alojamientos transitorios para
quienes requieren protección urgente, y fortalecer los espacios de participación ciudadana como la
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas (MMPV). 

El funcionario subrayó que el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) se ha consolidado
como punto clave para brindar acompañamiento psicosocial, jurídico y humanitario, y resaltó el
reconocimiento de la Unidad para las Víctimas (UARIV), que otorgó a Popayán una certificación
ejemplar por la articulación institucional y la respuesta oportuna a casos de emergencia.
Sin embargo, desde el Concejo se planteó la necesidad de superar los rezagos estructurales que
siguen afectando a esta población, especialmente en materia de reparación integral, acceso a
vivienda, salud mental, inclusión laboral y proyectos productivos sostenibles.
A pesar de los esfuerzos administrativos, muchos de los programas dependen de la concurrencia de
recursos nacionales, lo que limita la capacidad local de respuesta ante el creciente número de
solicitudes.
Los concejales coincidieron en que la atención humanitaria no puede reducirse a la entrega de
ayudas o subsidios temporales, sino que debe convertirse en una política de desarrollo humano y
reconciliación, capaz de garantizar autonomía económica, integración social y justicia restaurativa.
Asimismo, insistieron en que las víctimas deben tener voz y poder real en los espacios de decisión,
no solo presencia simbólica.
El Concejo Municipal reiteró su compromiso de vigilar la ejecución de la Política Pública de Víctimas,
garantizar que los recursos sean invertidos con eficiencia y transparencia, y fortalecer los
mecanismos de participación ciudadana para que las víctimas sean reconocidas como agentes
activos de la paz y la reconstrucción del tejido social.